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APDH-A logra que la prisión readmita a un recluso que fue despedido

POR EUROPA PRESS

CÓRDOBA| 09/05/2016

 

De hecho, según ha informado APDH-A en un comunicado, "al menos a seis presos cordobeses se les han estimado sus demandas en los juzgados de lo Social, al no haber sido despedidos en forma legal" y la última sentencia, que ha sido ejecutada provisionalmente, ha supuesto que la prisión de Córdoba readmita al citado interno al que despidió.

La Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha logrado que el Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, readmita a "un preso trabajador", que "fue despedido", el cual, con el apoyo de APDH-A, recurrió su cese ante el Juzgado de lo Social, que "estimó su cese como ilegal".

A este respecto, APDH-A ha recorado que, "según el último dato oficial (Anuario 2014 del Ministerio del Interior), el Centro Penitenciario de Córdoba es el más poblado de Andalucía, con 1.537 presos" y, "a día de hoy, estas cifras se mantienen estables". De estos reclusos, "entre 250 y 300 trabajan en prisión", son los "presos trabajadores, que lo hacen tanto prestando servicios" y atendiendo a las "necesidades de la propia prisión, como a empresas externas".

En Córdoba, de los tres centenares de reclusos trabajadores, unos 100 "lo hacen en actividades auxiliares, como limpieza, lavandería, jardinería, reparto o comedor", mientras que "otras actividades que congregan un número similar de presos trabajadores son cocina, panadería, economatos y mantenimiento", a lo que se suma que "se dispone de talleres, como el de confección industrial".

El trabajo de los presos, según ha subrayado APDH-A, "hace que ahorre la Administración. Así ésta afirmó en 2013 que en la encomienda de alimentación se invierten 3,50 euros por interno/día en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, mientras que en la Comunidad de Cataluña asciende a once euros interno/día y la media de un catering se sitúa en ocho euros interno/día".

En relación con ello, APDH-A mantiene abierta "una campaña sobre lo que se considera trabajo esclavo reclamando la equiparación de los derechos laborales de las personas presas con los trabajadores libres". A tal fin, se elaboró un libro titulado 'Guía Práctica sobre los Derechos Laborales de las Personas Presas', contó con el aval y financiación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación Agape del que se han editado 5.500 ejemplares para los presos.

También en el mes de marzo se presentó una moción en el Senado reclamando que el acceso a la relación laboral y su extinción "no sean a dedo (arbitrarias e injustas) y que la retribución que reciben las personas presas por su trabajo sea al menos del Salario Mínimo Interprofesional, tal como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria".

Sin embargo, "el salario de los más de 12.000 trabajadores que existen dentro de prisión en España (el 40% de los que pueden trabajar) rara vez supera el 30 por ciento del SMI, llegando a cobrar menos de un euro por hora. Además, se da la circunstancia con frecuencia de que una misma actividad, en algunos casos es retribuida y en otros no", a lo que se suma que "la realización de horas extraordinarias no remuneradas, falta de descanso y vacaciones y la discriminación laboral ejercida contra las mujeres por parte de la Administración, son otras cuestiones preocupantes".